Los propietarios de iPhone que experimentaron un rendimiento lento en los modelos más antiguos debido a las polémicas prácticas de «batterygate» de Apple finalmente están recibiendo su compensación. Esta semana comienzan a pagarse los 500 millones de dólares del acuerdo alcanzado en 2020 tras las acusaciones de que el gigante tecnológico ralentizaba en secreto el rendimiento de los teléfonos.
La demanda se derivó de la revelación de Apple en 2017 de que ralentizaba intencionadamente ciertos iPhone con baterías envejecidas para evitar apagados repentinos. Aunque la compañía introdujo este sistema de gestión de energía como medida de seguridad, su falta de transparencia en las actualizaciones de software iniciales provocó la indignación de los usuarios y acciones legales.
A pesar de pedir disculpas y ofrecer un descuento temporal en la sustitución de la batería, Apple mantuvo su postura de que la ralentización era necesaria y negó haber cometido ningún delito. Sin embargo, para evitar una prolongada batalla legal, la empresa aceptó el cuantioso acuerdo en 2020, creando un fondo común para compensar a los propietarios de iPhone que cumplieran los requisitos.
El proceso de pago se inició esta semana, y los usuarios afectados, ya han recibido 92,17 dólares por compensación.
Los destinatarios elegibles incluyen residentes de Estados Unidos que poseían modelos específicos de iPhone (6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 y 7 Plus) que ejecutaban las versiones de iOS afectadas antes de diciembre de 2017. Aquellos que experimentaron problemas de rendimiento durante ese período tenían hasta octubre de 2020 para presentar reclamaciones.
Aunque el acuerdo ofrece una compensación económica a los usuarios afectados, la saga del «batterygate» ha dejado una marca duradera en la reputación de Apple. El episodio puso de manifiesto la preocupación por la transparencia de la empresa y el control de los usuarios sobre el rendimiento de los dispositivos. En particular, Apple sigue empleando un sistema de gestión del rendimiento en los iPhones modernos, aunque con un mayor transparencia y opciones de control por parte del usuario.
Con la llegada de las indemnizaciones se cierra el capítulo de esta batalla legal, pero las cuestiones subyacentes planteadas por el «batterygate» siguen resonando en la industria tecnológica, suscitando continuos debates sobre los derechos de los usuarios y el desarrollo responsable de la tecnología.