El jueves, el Departamento de Justicia de EE.UU. y varios estados del país presentaron una demanda contra Apple, acusándola de mantener un monopolio ilegal sobre el iPhone al obstaculizar la competencia y aplicar costos excesivos a los consumidores.
Esta demanda representa un desafío significativo para Apple, que ha escapado en gran medida del escrutinio gubernamental durante décadas. Se une a otras empresas tecnológicas como Amazon, Google y Meta, propietaria de Facebook, que también enfrentan demandas antimonopolio en Estados Unidos.
El centro de la disputa son las prácticas presuntamente restrictivas de Apple, que imponen condiciones rigurosas y, en ocasiones, poco claras a las empresas y desarrolladores que buscan llegar a los 136 millones de usuarios estadounidenses de iPhone.
Según la demanda, estas políticas están diseñadas para obligar a los usuarios de Apple a permanecer en su ecosistema y comprar sus dispositivos, especialmente el iPhone, considerado el hardware más costoso de la empresa.
«Los consumidores no deberían verse obligados a pagar precios más altos debido a violaciones de las leyes antimonopolio», afirmó el fiscal general Merrick Garland. «Si no se aborda, Apple continuará fortaleciendo su monopolio en el mercado de teléfonos inteligentes», agregó.
La demanda presentada abordó una serie de prácticas que, según los demandantes, estaban beneficiando a Apple a expensas del progreso en la innovación y la tecnología para los consumidores.
Apple emitió un comunicado negando los fundamentos de la demanda, argumentando que era «inexacta en cuanto a los hechos y la ley», y prometió defenderse enérgicamente. Además, Apple expresó su preocupación de que, si la demanda tuviera éxito, establecería un precedente peligroso al otorgar al gobierno la capacidad de intervenir en el diseño tecnológico destinado a los ciudadanos.
Entre las acusaciones presentadas en la demanda se incluye la afirmación de que Apple ha obstaculizado el desarrollo de Super Apps, plataformas web integrales que podrían potencialmente operar en dispositivos iPhone y proporcionar a los usuarios una variedad de servicios adicionales, como música, fotografía o películas.
Además, las acusaciones se centraron en Apple wallet, la única aplicación permitida en el iPhone para realizar pagos táctiles en las tiendas, lo que obliga a otros a pagar una tarifa por acceso. También se examinó el impacto en las aplicaciones de mensajería, ya que se acusó a Apple de dificultar la interoperabilidad entre usuarios de iPhone y Android, potencialmente forzando a los usuarios a optar por el iPhone.
El extenso caso también hace referencia a los smartwatches, observando que el Apple Watch solo es compatible con el iPhone, mientras que los relojes inteligentes de otros fabricantes tienen funcionalidades limitadas cuando se utilizan con un iPhone.
Las alegaciones de la demanda se extienden a otros servicios, incluyendo navegadores web, entretenimiento y servicios relacionados con vehículos.
En los últimos años, Apple ha diversificado su enfoque, enfocándose no solo en hardware, sino también en servicios, en un intento por aumentar sus fuentes de ingresos más allá del iPhone, que debutó en 2007 y transformó la industria tecnológica.
Sin embargo, el crecimiento en las ventas del iPhone ha disminuido, lo que ha llevado a Apple a buscar nuevas oportunidades de ingresos.
El Departamento de Justicia señaló que los beneficios de Apple superan a los de cualquier otra empresa en la lista Fortune 500, e incluso superan el producto interno bruto de más de 100 países.
Durante el año 2023, Apple alcanzó ventas globales por valor de 383.000 millones de dólares, obteniendo beneficios netos de 97.000 millones de dólares.
La indagación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre las prácticas de Apple inició en 2019 durante la administración Trump.